La dirigenta comunista Camila Vallejo, denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo que denominó la "criminalización del movimiento de protesta social" que surgió en Chile, por la llamada " ley Hinzpeter"

100% DE IMPUNIDAD

La dirigenta comunista Camila Vallejo, denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo que denominó la "criminalización del movimiento de protesta social" que surgió en Chile, por la llamada " ley Hinzpeter"

Dicha iniciativa, afirmó,  "penaliza hasta con 3 años de cárcel TODA forma de protesta social, como la ocupación de servicios públicos, cortes de tráfico, y otras formas de ocupación pacífica, y no sólo a los que cometen estos actos sino a los que convocan"

Vallejo junto a  Karol Cariola, secretaria general de la Jota y al comunista Jorge Murúa del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, se reunirán con Juan Somavía, otro de la trenza zurda, que funge como mandamás de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, quienes "aceptaron" recibirlos en Ginebra, para darle "bombo" a la gira que emprendió Vallejo por Europa.

Pero ella olvida que dicha ley patrocinada por el Ministerio del Interior, surge para permitir al Estado utilizar una herramienta legal, que castigue a los violentistas y grupos anarcos y comunistas,, "encapuchados", que han protagonizado actos de terrorismo. durante un trimestre completo en Chile.

Camila Vallejo se permitió ironizar declarando que " no hay conocimiento pleno de la ONU de lo que pasa en Chile". Será producto, tal vez, de la buena prensa izquierdista que difunde sólo  aquello que le interesa de este conflicto "noble, grande y hermoso", como lo definió Piñera al intervenir en la Asamblea General de ese mismo órgano internacional, el año que pasó.

Vallejo, actualmente candidata a todo, y  figura del año 2011, para el periódico inglés "The Guardian" no pasea por el Viejo Continente, como algunos pudieran creer. Ella ha dedicado varias semanas a entrevistarse con diversos medios de comunicación y burócratas internacionales, para fortalecer las arcas del Partido Comunista y financiar lo que viene, procurando de paso, con la resonancia que consigue, la total impunidad para quienes se manifiesten, utilizando "todas las formas de lucha" hasta que se den las "condiciones"

CASO TSUNAMI

Ciento cincuenta y seis chilenos muertos y veinticinco desaparecidos, a consecuencia del maremoto del 27 de febrero de 2010, llevaron al Ministerio Público, después de dos años de arduo trabajo investigativo, a la formalización de ocho personeros. Entre ellos a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, Carmen Fernández, y al ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, por el delito de cuasi homicidio.

También al director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, al jefe de turno y al asesor especializado en desastres. Se suman a ellos el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi y otro funcionario menor.

Solange Huerta, fiscal a cargo, pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que lleve a efecto la audiencia de formalización correspondiente.

Pero ¿es razonable NO juzgar a Michelle Bachelet, máxima autoridad de la República presente esa madrugada en la sede de la ONEMI? Porque ella, en su calidad de Presidenta, ignoró la gravedad de la situación y NO tomó una simple decisión: llamar a la población a evacuar las zonas bajas del litoral. Con esa orden, habríamos evitado la pérdida de vidas.

El abogado querellante Raúl Meza, pidió a la Fiscalía que cite al primer mandatario y al ministro del Interior, para que ellos presten testimonio. Ya que, tanto Sebastián Piñera como Rodrigo Hinzpeter, se encontraban junto a Michelle Bachelet en aquella jornada.

Ahora, ella, se refugia e intenta exculparse, endosando  su irresponsabilidad en Carmen Fernández, la ex jefa de la ONEMI. Y ésta, a su vez, señala que las decisiones que se tomaron o NO, eran de competencia exclusiva de la mandataria. Lo cual, parece evidente para todo el mundo. Michelle Bachelet carga con la grave culpa de abandonar su primer deber. El de mandar y ordenar. Y no lo hizo.

En consecuencia ¿no es razonable enjuiciarla por notable abandono de deberes, a lo menos, y por el delito de cuasi homicidio, también? Si. Lo es. Pero la judicatura de izquierda, la oposición y otros poderes, la tienen "blindada"

Por esta razón. el abogado Raúl Meza, quien considera un triunfo la formalización de Rosende y Fernández, anunció que presentará una querella por el delito de cuasi homicidio, en contra de Bachelet y de su ministro Edmundo Pérez Yoma.

OTRO DESASTRE: EL TRANSANTIAGO

El gobierno calificó al sistema de movilización colectiva, el Transantiago, como la peor política pública de los últimos años. Así lo destacó el ministro Andrés Chadwick, al cumplirse ayer, cinco años desde que Michelle Bachelet  precipitó su puesta en "marcha”... por así decirlo.

El vocero dijo "comprender el dolor y las dificultades" de los sectores más vulnerables de la población, y de clase media por cierto, quienes deben desplazarse a diario utilizando los microbuses, máquinas que siguen evidenciando problemas de frecuencia y capacidad de servicio.

A ello se suma el alza, dictaminada por un comité de expertos, conforme distintas variables, donde el gobierno poco puede intervenir, excepto por la vía del subsidio. Durante estos cinco años, el deficitario Transantiago, costó a los chilenos nada menos que 3 mil quinientos millones de dólares, fondos que sin duda pudieron ser invertidos de forma más adecuada, como por ejemplo,  mejorar la educación o la salud que proporciona el Estado.

Chadwick informó que los leoninos contratos suscritos con los operadores del sistema, serán  modificados en forma substancial, para que a las empresas se les pague por pasajero transportado, y no por cumplir solamente un recorrido tal como sucede hoy.

Algo que no se hizo bajo los gobiernos revanchistas y odiosos de la Concertación y se arreglará ahora, buscando eficiencia y disminuir la evasión.  A la vez, el gobierno, enviará junto con lograr el cambio de los contratos, un proyecto de ley destinado a establecer un subsidio, que impida variaciones bruscas en el valor del pasaje.

"Hay herencias - concluyó Chadwick -, que son un desastre como fue la que nos tocó recibir del Transantiago"

Sin embargo, en regiones, el valor del pasaje es muy superior al de la capital. De allí que el senador independiente Carlos Cantero, ex militante de Renovación Nacional, estime conveniente, extender el anunciado subsidio al transporte de pasajeros, a provincias, indicando que los miles de millones de dólares gastados por el Estado, para sostener el sistema, constituyen una atrocidad. Otra más de la Concertación.