El tema exonerados tiene aristas diversas y complejas.

 SU primera característica es que una prensa televisiva ramplona y farandulera, en su generalidad ha amordazado los hechos, no obstante estar involucrados en estos, miles de millones de pesos por año.  Y decenas de miles de tramposos del erario nacional.

         La misma prensa televisiva que gasta minutos valiosos de sus noticiarios estelares, en sandeces triviales de la más distinta índole, con toneladas de frases y lugares comunes, repetitivos hasta el hartazgo, con exonerados e indemnizados truchos, ni investiga y además calla.

         La destreza de la orquesta roja de desinformación, se yergue cada día más fuerte y visible, entre redactores y editores de la prensa chilena.

         Conforme se develara el pasado 2 de noviembre en la Cámara de Diputados, ya en 2003 el ex presidente Lagos fue informado de estas irregularidades y Bachelet lo supo oficialmente en 2006.  120 archivadores dan cuenta de aquello.  Cartas la mayoría remitidas por gente honorable de centro izquierda, que se sintió asqueada con el fraude.

         Exonerados es una mega bomba de tiempo para el sistema concertacionista de usufructo ilimitado de los recursos fiscales, como si los mismos se tratasen de un botín de guerra bucanera.

         Concertación que a casi dos años del gobierno Piñera, controla la casi totalidad del aparato administrativo del Estado, a nivel de mandos medios y subalternos y en no pocos casos cupulares.  Pero que para efectos comunicacionales es “oposición”.

         Es este uno de los más representativos ejemplos de cómo un sector político, puede tomar para sí los recursos aportados por todos los contribuyentes y “redistribuirlos” entre su clientelismo electoralista.

         Todo arropado de nobles cobijas como:  reparación, justicia, equidad, humanismo, igualdad y todas las calificaciones que permite la parafernalia propagandística.

         La Contraloría, celosa hasta con los vales de bencina de un municipio perdido en los mapas de regiones remotas, para los exonerados y sus avales parlamentarios y partidistas, ha dicho y hecho casi nada.  Es más, ha asumido a organizaciones políticas violentistas, como el partido comunista o el MIR, como “empresas” y ha estimado válidos los estipendios para sus “exonerados” agentes.

         Por esta vía – “políticamente correcta” – la ex UP conformó desde La Moneda, un formidable ejército, superior al conjunto de todas las fuerzas de la defensa nacional, de agitadores y activistas, de alrededor de 200.000 miembros.  Personeros que así pueden copar las redes sociales, contestar cuanta encuesta caiga en sus manos y participar de marchas y mítines, con el invaluable financiamiento de los chilenos emprendedores y asalariados, que se descrestan diariamente para llevar el sustento a sus familias.

         Las cifras sobre el particular son demoledoras.

         Entre tales “exonerados” por la ley N°19.234 de 1993, se hayan diputados concertacionistas y comunistas, ex miembros de la oposición de derecha a Allende y hasta niños que en la época de las exoneraciones no tenían ni siquiera condición de adolescentes.

         Para tratar de enturbiar el tema, como ha sucedido en innúmeras oportunidades, la Cámara de Diputados “investigará”, mediante una comisión ad hoc los hechos.

         La Corte Suprema dada la gravedad y alarma pública desatada por el caso, debería nombrar de oficio un ministro en visita de dedicación especial.

         Y el siempre draconiano Consejo de Defensa del Estado, tendría que abocarse de lleno a la investigación de los más de 160.000 carpetazos que implican en cifras conservadoras, más de US$400 millones por año.  Con lo cual bastante, y mucho, se podría hacer en mejoras sustanciales a la educación.  Acerca de lo cual el “Movimiento Social”, nada ha dicho, ni dirá, porque lógicamente sus ancestros más representativos son “exonerados” y/o “indemnizados”.

         Las pesquisas preliminares señalan desde ya, que no menos de 60.000 carpetazos están sin data de otorgación y con antecedentes incompletos o extraviados.  Total, que importa, son platas de los chilenos que pagan impuestos, que emprenden creyendo en la iniciativa privada y personal, que no asaltan ni roban a nadie, que pagan por la educación y salud de su familia y que hasta le cancelan un arriendo (contribuciones) al Estado, por vivir en el hogar que arropa a los suyos.

         En un acto poco frecuente de valentía y honestidad entre nuestros connacionales, la dirigente de DDHH, Nelly Cárcamo, develó que no más del 30% de los exonerados beneficiados hoy como tales, son efectivamente exonerados por razones políticas.

         Singularmente, doña Michelle Bachelet bate los records de otorgamiento de beneficios al lote, a exonerados.  52.988 dispensó la hoy silente pre candidata presidencial, antes de las elecciones de 2009.  Su colega Eduardo Frei Ruiz Tagle hizo lo suyo, antes de las elecciones de 1999 con 28.899 carpetazos y Ricardo Lagos salió tercero con 13.884 beneficios.  En lo que va de su administración, Sebastián Piñera lleva la no despreciable suma de 4.115 casos.

         157.039 casos son los que deberían reestudiarse sobre el escabroso asunto en comento.  99.982 carpetazos más, esperan aun su aprobación por el gobierno de turno.  Es que como las están dando, el que no reclama no cobra.

         Empero, permítasenos la razonable duda, que la cuestión en su momento será objeto de una triquiñuela de pasillo y que la gente de trabajo deberá seguir regalando lo ya regalado por la partidocracia, hasta quizás cuando.

         Es el esquema de “democracia” que nuestra clase política ha importado a Chile, procedente de estados de bienestar europeos (España, Grecia o Italia), hoy al borde del colapso financiero.  Sistema que crea castas que se retroalimentan, en base a que los “representantes del pueblo”, compran sus curules, en virtud de aprobar, lo que aquellos que quieren usufructuar del Estado les requieran.

         A su vez, dichas “victimas” de los más heterogéneos abusos de gobiernos pretéritos, ganan beneficios vitalicios con su apoyo y trabajo, en pro de la reelección permanente de dichas castas parlamentarias.

         De ese modo se cierra el círculo vicioso, con una prensa y autoridades judiciales y fiscalizadoras, permisivas y laxas.

         Modelo europeo que ha sido extendidamente aplicado en Sud América, en todos aquellos países que tuvieron regímenes castrenses en los 70s y 80s, pero que no alcanza para las incontables víctimas de la delincuencia y el narcotráfico, hasta nuestros presentes días.

         Por eso las soluciones para la galería con el ofertón del plebiscito populista de por medio, hoy están a la orden del día.  Educación sin cargo y de calidad.  Salud gratuita para todos.  Cancelación de las deudas hipotecarias y de servicios básicos, etc., etc.  Y todo dentro de un universo, en el que quienes no bailan a dichos compases, corren el serio riesgo de quedarse fuera “del sistema”.

         De allí que los griegos que deben lo inimaginable, para salir de su embrollo crean que el mismo se arregla con un plebiscito, donde se le pregunta neciamente al electorado, si quiere apretarse el cinturón y pagar sus siderales acreencias.

         La severa y todavía insondable crisis económica internacional, podrá decirnos en 2012, hasta donde podrá seguir este festival de permutas de indemnizaciones por votos.  Y si los chilenos auténticamente de trabajo, se indignan en serio, poniendo coto a este despojo colectivo.