En más de una ocasión he recordado en mis comentarios la humorística sentencia de Nicanor Parra “Izquierda y Derecha unidas, no serán jamás vencidas”, y también he dicho que, aparte de hacerlo sistemáticamente para asignarse beneficios y privilegios de diversa índole, rara vez se unen los actuales parlamentarios y políticos chilenos en general, para algo que resulte beneficioso para el país.

Y una vez más estamos viendo esa fatídica unión para asestar un nuevo golpe a nuestra ya tan debilitada democracia.  Porque no otra cosa es la modificación de la legislación electoral, que hace automática la inscripción,  pero el voto voluntario.

En efecto, constituyen pilares básicos de la democracia representativa y del estado de derecho, la participación organizada y reglamentada del pueblo en el manejo de los asuntos públicos, y la estricta correlación entre los derechos y los deberes de los ciudadanos, y su ejercicio,  por lo que resulta obvio y de la más elemental lógica, que para poder obtener un buen funcionamiento de nuestras instituciones republicanas y una vida comunitaria grata y fructífera, deberemos haber elegido bien a nuestras autoridades. Y luego, para tener el derecho de reclamar del eventual mal desempeño de nuestros representantes tanto del ámbito gubernamental como del parlamentario, deberemos haber cumplido primero con nuestra obligación de elegir a las personas que nos hubieren parecido más capaces, así como también más honestas.

Pero bien, la inscripción automática en los registros electorales es sin duda una cosa positiva, porque ahorra trámites y pérdidas de tiempo tanto a las personas como a los empleados públicos, y dinero al erario. En cuanto a la emisión del voto en las ocasiones en que la ley lo requiera, debe ésta ser obligatoria, lo que facilitará también la formación cívica del relevo generacional de los líderes.

La penalidad del incumplimiento de la obligación de sufragar  -sin perjuicio naturalmente de las situaciones eximentes que la misma ley contemple-  debe ser una multa no inferior a una UTM o tres días de arresto nocturno, además de la suspensión hasta el próximo acto electoral del derecho constitucional a protestar públicamente.

Así, si en una marcha, por ejemplo, alguien es detenido por la autoridad policial y no hubiere cumplido con su obligación ciudadana de votación en el último acto electoral, será responsable en todo caso de desorden público, sin perjuicio de que, además, se le sumen los cargos por los otros ilícitos que hubiere cometido.

La comprobación de haber dado cumplimiento a la ley electoral en el último acto deberá ser requisito indispensable para la postulación a cualquier beneficio fiscal o municipal, y para continuar en la recepción de esos beneficios, si el incumplimiento fuere sobreviniente.

Quiero pensar que el estruendoso fracaso que la aberración de la nueva ley acarreará a nuestros políticos unidos al estilo Parra, logre hacerlos recapacitar y disponer la obligatoriedad del voto ciudadano, como contrapartida natural de los derechos ciudadanos, incluyendo el de protestar.